La violencia política ya era una alerta antes del atentado contra Miguel Uribe: 34 líderes asesinados en cuatro meses

Una estela de sangre ya venía manchando la precampaña electoral colombiana antes de que un sicario adolescente le disparara al senador Miguel Uribe Turbay el sábado 7 de junio. Solo entre enero y abril de este año habían sido asesinados 34 líderes políticos, sociales y comunales, y otros 20 habían sufrido atentados, de acuerdo con los registros que lleva la Misión de Observación Electoral (MOE). Medios y autoridades reseñaron los crímenes, pero la repercusión fue menor porque las víctimas no eran candidatos, mucho menos presidenciales, y porque la mayoría de los casos ocurrieron en municipios apartados y en zonas rurales. Si se suman a ellos las víctimas de amenazas y de secuestros, fueron en total 128 acciones violentas contra personas que ejercen esos liderazgos.

En un informe presentado esta semana al Gobierno y otras autoridades nacionales, la MOE precisa que, a pesar de todo, habría una disminución con respecto al mismo periodo de 2021 (año, como este 2025, previo a las elecciones presidenciales y legislativas), cuando hubo 152 acciones violentas. Pero al mirar cifras globales y más consolidadas de la misma organización, es evidente que la violencia política viene en aumento por cuenta, justamente, de los crímenes contra líderes locales. Mientras la MOE registró 266 hechos de violencia en 2017, en 2023 contabilizó casi el triple, 748.

Eso está directamente relacionado con la violencia armada que vino tras la firma del Acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc en 2016. Así lo explica Diego Rubiano, coordinador del observatorio político electoral de la MOE: en 2020, cuando el Gobierno del conservador Iván Duque lanzó la tesis de que los principales causantes de la violencia eran los grupos armados, esa organización encontró que el 60% de los casos “ocurría en municipios donde, efectivamente, hacían presencia esos grupos”. Y agrega: “Hoy es en el 85% de los casos, porque hay más municipios con presencia de grupos armados”.

En el caso de las acciones violentas del periodo entre enero y abril, se presentaron en 74 municipios de 23 departamentos.

Detrás de las cifras

Más allá de las cifras, la violencia afecta en cada caso a un municipio, una vereda, una forma de democracia. Así lo muestran estas historias de seis líderes políticos víctimas de homicidio, atentados y secuestro entre enero y abril de 2025.

El excandidato que promovía el fútbol

Jair Isaí Vergara Martínez tenía 27 años cuando, el pasado 1 de mayo, fue hallado muerto en la entrada del corregimiento de San Blas, en Simití, municipio del sur del departamento Bolívar. De acuerdo con un periodista local, fue sacado “con las manos amarradas” de la zona conocida como la Sabana de San Luis, “y posteriormente asesinado a tiros”. Conocido como El Curry, en 2023 fue candidato al Concejo de ese pueblo por el partido Alianza Democrática Amplia (ADA). “Nos arrebataron un líder del deporte, un gran amigo, se fue uno de los buenos”, escribió su amigo Ferney Zubieta en redes sociales. La comunidad lo despidió en un sepelio en el que abundaron balones de fútbol, el deporte que más le gustaba.

El personero que llegaba de viaje

En la tarde del 12 de marzo, Federico Hull Marín le avisó por celular a su mamá que había llegado a su apartamento del barrio Laureles, de Medellín, después de participar en un congreso nacional de personeros en Santa Marta, en el Caribe. Ocupaba ese cargo, el de la defensa de los derechos humanos, en el municipio de Entrerríos, al norte de Antioquia. Fue la última vez que su familia tuvo comunicación con él. Horas más tarde, su hermano lo encontró muerto. Estaba en el suelo, al lado de la cama. Las autoridades contaron 55 heridas de arma blanca en su cuerpo. Aún investigan el crimen. Tenía 27 años.

El concejal al que lo salvó el escolta

Andrés Felipe Posú cuenta que se montó en la camioneta que tiene asignada por protección. Salía de una clase de la carrera en estudios políticos, en la sede que tiene la Universidad del Valle, en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca. Era la noche del 14 de febrero. Su escolta y conductor tomó rumbo a Villa Rica, donde Posú es concejal. En la carretera sintieron una ráfaga de disparos. “Yo me busco proteger debajo del asiento mientras que el amigo de mi seguridad acelera la marcha para llegar al peaje de Villa Rica, donde pedimos ayuda a unos señores policías de tránsito”, le contó al diario El País, de Cali. El carro quedó marcado con cinco impactos de bala. Posú, que se mantiene en su curul, es defensor del Gobierno de Gustavo Petro y milita en el Partido Ecologista Colombiano, fundado en 2015 por reclamantes de tierras.

El funcionario que recibió un tiro en un pulmón

A José Julián Alzate, de 49 años, lo bajaron de la camioneta y le dispararon. Era 8 de enero, poco después de las 6 de la tarde. Alzate es el secretario de Planeación de Florida, municipio del departamento del Valle del Cauca. Lo atacaron minutos después de salir de su lugar de trabajo. Una bala le afectó un pulmón. Tras varios días, su salud se estabilizó. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, se desplazó al pueblo con motivo del atentado y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 12.000 dólares). Alzate había sido candidato a la Alcaldía en 2019 por el Partido Conservador, en una campaña en la que acudió a la Fiscalía para denunciar amenazas en su contra.

El exalcalde que salía de su finca

Era 19 de marzo y Orlando Muñoz Martínez salía de su finca en una zona rural del municipio de Patía, Cauca, cuando dos hombres atacaron su camioneta a bala. Tres proyectiles alcanzaron el carro, aunque él y su escolta resultaron ilesos. “Las víctimas optaron por acelerar la marcha, llegando rápidamente al área urbana”, relataron las autoridades. Muñoz había sido alcalde de ese pueblo entre 2020 y 2023 por el partido Alianza Social Independiente (ASI).

La expersonera secuestrada

La familia de Jenny Vannesa Salazar Zabaleta, de 34 años, la sigue esperando en casa después de tres meses y medio de secuestro. El 21 de febrero, un grupo de hombres interceptó el carro en el que iba con dos acompañantes, en una carretera rural del municipio de Chimichagua, departamento del Cesar. Se los llevaron y dejaron como única pista el vehículo incinerado. Los dos hombres ya fueron liberados, mientras que los secuestradores enviaron a la madre de Salazar un video. En él, según la mujer, su hija dice estar bien pero ella la ve mucho más delgada. También le pidieron un rescate de 3,5 millones de dólares (unos 15.000 millones de pesos), una suma que la familia ya dijo que no tiene cómo conseguir. Salazar, que es abogada, había sido personera del municipio de Tamalameque, en el mismo departamento.