Detenidos los dueños de la discoteca Jet Set en República Dominicana acusados de homicidio involuntario

Sereno, con un chaleco antibalas y sin decir una sola palabra a los medios de comunicación. Así fue detenido Antonio Espaillat la noche del jueves en Santo Domingo. Él y su hermana Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, donde un derrumbe del tejado el pasado 8 de abril provocó la muerte de 236 personas y dejó heridas a 180, son acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario, un cargo que conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel. Desde las 21.58, ambos ingresaron en la cárcel de Ciudad Nueva hasta que el viernes se celebre una audiencia para determinar si enfrentarán el juicio en libertad. En la madrugada, Maribel fue trasladada a un centro médico por “complicaciones de salud” tras el interrogatorio.

La orden de arresto, citada en un comunicado de la Procuraduría, explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia”. El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en la investigación penal. El equipo de comunicación de la discoteca negó hacer declaraciones a este medio.

Esta detención se produjo tras un largo interrogatorio y el hallazgo de nuevas evidencias en la investigación, como las declaraciones de G. A., un extrabajador de la Jet Set que reconoció haber avisado en repetidas ocasiones de múltiples señales de deterioro en la infraestructura del edificio, incluyendo filtraciones constantes, acumulación de agua sobre el techo y grietas visibles. El testigo presentó además capturas de pantalla de conversaciones en las que advertía a los dueños sobre el riesgo de celebrar la fiesta del 8 de abril. “Yo lo dije muchas veces, y no lo digo por hacer daño, sino porque no quiero que más personas corran peligro. Ese techo daba señales de que algo no estaba bien, y ahora que pasó lo que pasó, me duele saber que pudo haberse evitado”, advirtió en medios locales.

En una entrevista con Sincaretatv, el ex encargado de reservaciones de la discoteca advirtió estar recibiendo amenazas y sentirse observado desde que declaró ante los tribunales. “He notado movimientos raros. Me llaman de números desconocidos, me dicen que deje eso así, pero yo no estoy inventando nada. Solo quiero que se sepa la verdad [...]. Necesito que me cuiden, que no me dejen solo”, dijo. G. A. solicitó medidas de protección para no aparecer fallecido y que lo hagan ver como un accidente, explicó. El abogado de los Espaillat, Miguel Valerio, negó las amenazas y aseguró que se habrían hecho “malas interpretaciones”. “Él dió su versión; nosotros tenemos nuestra versión sobre lo que él dijo y yo creo que la investigación está completa”, zanjó.

Asimismo, el abogado aseguró que su cliente está en plena facultad de “llevar en libertad” el proceso: “No tiene ningún peligro de fuga, él se presentó, está en el país, y él es una persona como ustedes, los medios de comunicación, por lo que evidentemente no hay peligro de fuga y la investigación ya casi se agotó, ahora lo que toca es analizar las pruebas”.

Hasta la fecha, se han presentado en torno a 60 querellas contra los propietarios, el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional por presunto incumplimiento de sus responsabilidades legales de supervisión. En entrevistas previas a la detención con EL PAÍS, el abogado responsable de medio centenar de ellas, Félix Portes, advirtió que tanto el Estado como los Espaillat estaban tratando de “lavarse las manos”: “Existe una corresponsabilidad clarísima y nadie se está haciendo cargo de ellos”, añadió entonces.

Para los familiares y amigos de los fallecidos, este es el primer paso para la justicia y la reparación. Franklyn Suero, testaferro del grupo de adultos mayores Haineros Dorados, quienes perdieron a 11 colegas en esa fatídica noche, respira algo más aliviado. “Por fin empezó la investigación de verdad, porque hasta ahora las autoridades no se lo estaban tomando en serio. En este país, las denuncias las va apagando el tiempo, se queda en el olvido. Aparentemente ahora puede haber justicia”, celebró por teléfono.

Suero también anunció que ya están asesorándose con abogados para presentar otra denuncia. El mismo jueves de la detención de los Espaillat, 65 días después del derrumbe, se le dio el alta médica a Jennifer Tavera, la última persona ingresada por lesiones.