Economía simplifica la concesión de crédito promotor para acelerar la construcción de vivienda

El Ministerio de Economía ha modificado la orden que regula las tasaciones inmobiliarias con el objetivo de “acelerar la promoción de vivienda”. Según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado, en adelante la orden permitirá acceder al crédito promotor con una licencia simplificada, que es la solución que algunos ayuntamientos han puesto sobre la mesa para acortar los plazos de edificación. Estos permisos rápidos son una reivindicación histórica del sector promotor, que en sus reuniones con el Ejecutivo ya había transmitido que existían algunos obstáculos, como que no supusieran una garantía suficiente para que los bancos concedieran financiación a los proyectos.

Eso es precisamente lo que Economía quiere cambiar ahora. “La orden ministerial aclara las características que deben tener estas licencias simplificadas para obtener una tasación sin condicionantes y que la promoción de vivienda pueda constituir una garantía hipotecaria”, indica el ministerio en una nota emitida a los medios.

En concreto, el nuevo texto legal pone tres condiciones a ese tipo de autorizaciones istrativas exprés para construir. La primera es que “se emitirá sin perjuicio de la necesaria obtención ulterior de la pertinente licencia de obra”. Es decir, la orden aclara que el permiso simplificado no podrá servir para eludir la obtención de una licencia tradicional, con todas las garantías que eso conlleva.

Además, la orden publicada en el BOE exige que previamente a la emisión de la autorización simplificada haya una “comprobación” de “las condiciones volumétricas y demás parámetros urbanísticos que resulten de aplicación”. Aunque Economía ite en el texto que “las competencias en materia urbanística recaen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos”, añade que “las decisiones en este ámbito tienen interacción con otras normas que caen bajo el paraguas de las competencias de ámbito estatal”. Y por eso exige que a efectos de una tasación, las licencias rápidas hayan garantizado antes que el proyecto cumple, por ejemplo, con el número de alturas máximas previsto en el ordenamiento municipal.

El tercer requisito que se pone es que estas licencias sirvan para autorizar obras que comprendan “al menos el 60% del presupuesto de ejecución material del proyecto, incluyendo como mínimo los elementos esenciales de la estructura y envolvente del edificio”. Para ello, la orden exige una “certificación expedida por el técnico responsable de la redacción del proyecto”. Se trata, por tanto, de que para conceder la financiación el proyecto tenga garantizada una parte sustancial de los trabajos, y no solo las primeras fases, como la preparación de suelos o la cimentación.

Los promotores han celebrado la iniciativa del ministerio. El cambio normativo, señala la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), “permite anticipar las valoraciones [inmobiliarias], agilizando la financiación y fomentando una mayor oferta de viviendas”. “Esta reforma aporta claridad y seguridad jurídica, ofreciendo al sector una herramienta normativa más adecuada al contexto urbanístico y financiero actual”, agrega la patronal del sector.

Además, Economía ha aprovechado la orden para incluir nuevos criterios de sostenibilidad en las valoraciones inmobiliarias. Estas deberán tener en cuenta “factores medioambientales y climáticos” como el certificado de eficiencia energética (que califica los edificios y viviendas con letras de la A a la G en función del consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono asociadas). El ministerio subraya que este cambio se ha introducido “en línea con las expectativas supervisoras del Banco Central Europeo”.