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Los socios del Gobierno descartan por ahora apoyar una moción de censura contra Sánchez

Sumar pide un “nuevo marco de relaciones” con el PSOE y un giro social en la legislatura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa, este jueves en Madrid.

Los socios de Gobierno descartan de momento apoyar una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez, pero muestran su incomodidad. De un modo u otro, tanto Junts, como ERC, PNV y Podemos han rechazado que exista ahora una mayoría que dé respaldo a un Gobierno que sustituya a la actual coalición, conformada por PSOE y Sumar. Pero en el mismo día que se ha hecho público el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con la gestión de mordidas por la adjudicación de obras públicas, los partidos que dieron apoyo a la investidura de Sánchez han endurecido el tono contra los socialistas al exigir explicaciones inmediatas y considerar “insuficientes” la declaración y las medidas anunciadas más tarde por el presidente. Sumar ha sido el primero en pedir la dimisión de Cerdán de todos sus cargos -lo que se ha producido finalmente a mediodía- y su líder en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha comparecido a última hora de la tarde para reclamar un “nuevo marco de relaciones con el PSOE” y un “giro de 180 grados” a la legislatura que ponga en el centro las políticas sociales.

La vicepresidenta segunda, que se encontraba por la mañana de viaje oficial en Ginebra, ha convocado al llegar a Madrid a sus ministros y a los partidos de la colición a una reunión de urgencia en el Ministerio de Trabajo y se ha dirigido a los medios después de las ocho de la tarde, muy seria. “La decepción es enorme, la ciudadanía está enfadada”, ha afirmado. “No basta con pedir perdón, no sabemos lo que ha pasado”, ha reprochado en un discurso en el que ha aseverado que la corrupción es una “traición a la ciudadanía”. La líder de Sumar, que se ha comprometido a no “mirar para otro lado”, ha pedido una reunión de la mesa de la coalición, el órgano que se convoca en tiempos de crisis para dar seguimiento a los acuerdos de gobierno.

En un momento tan complejo para la estabilidad del Ejecutivo, todos los socios se han posicionado. El número dos de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha tildado de “fantasía” la posibilidad de apoyar una moción de censura promovida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha apelado también a la presunción de inocencia de Santos Cerdán, al alimón número tres del PSOE y negociador con el partido de Carles Puigdemont en Suiza. Turull ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido para hacer un balance del año de la aprobación de la amnistía y ha asegurado que ve similitudes entre cómo se están filtrando las supuestas pruebas contra Cerdán y los montajes que sufrieron en el pasado los independentistas. Un poco más tarde, el partido ha reclamado “una reunión de urgencia” con Sánchez para analizar la situación política desencadenada por la crisis. La formación que preside Carles Puigdemont quiere valorar si la revelación de las informaciones que afectan a Santos Cerdán puede tener efectos “sobre el acuerdo de Bruselas” que firmaron ambas fuerzas políticas en 2023 para sellar la investidura del presidente.

Jordi Turull

“Mucha gente de Junts hemos sido víctimas de condenas mediáticas y policiales y sabemos por experiencia propia cómo en momentos como este es importante defender la presunción de inocencia”, ha asegurado Turull cuando se le ha preguntado sobre los audios revelados este lunes y que forman parte de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la investigación del caso Koldo.

El dirigente de Junts, que también está a la espera de que se le aplique la amnistía, ha asegurado que no entrará en “la batalla campal” entre el PSOE y el PP. “La petición de adelanto de elecciones la haremos en función de los resultados de la mesa de negociación en Suiza con el Gobierno”, ha agregado. “Tenemos muchas más cosas entre manos que son prioritarias“, ha remarcado, y ha puesto de ejemplo la efectividad de la amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea o la delegación integral de las competencias de inmigración, todas esas promesas de la investidura de Sánchez.

Esquerra Republicana ha pedido al presidente que extienda la auditoría que ha anunciado a las cuentas del PSOE al Ministerio de Transportes. “Es necesario que el PSOE llegue hasta el final para limpiar, y que la justicia actúe para esclarecer los hechos”, ha afirmado el partido en una nota de prensa. “La solución a la corrupción no puede ser más corrupción”, añade el escrito, en el que ERC deja claro que PP y Vox “nunca serán una alternativa para que encarnen una corrupción sistémica”.

El PNV quiere esperar a que haya sentencia

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido actuará como siempre lo hace en estos casos, esperando a que haya una sentencia para decidir su posición, como ocurrió con el PP en 2018. “Todo el mundo es consciente de que una mayoría en sentido constructivo para un apoyo a un nuevo Gobierno no se produce”, ha afirmado en declaraciones en Bilbao. “Creo que incluso el PSOE es consciente de que hacen falta más explicaciones”, ha reprochado.

“Los casos de presunta corrupción deben ser abordados con absoluta transparencia y honestidad política. Esa debe ser también la actitud exigible al PSOE, y EH Bildu será exigente”, advierte por su parte en un comunicado en el que da cuenta de la gravedad de la situación el secretario general de esta formación, Arnaldo Otegi.

Mientras, Podemos ha mantenido a lo largo de todo el día un discurso muy duro. El partido de Ione Belarra cree también “insuficientes” las explicaciones del líder de los socialistas y reclama a Sánchez que “depure responsabilidades entre cargos orgánicos y públicos, que aclare qué garantías dará para que no se repitan los hechos y que el PSOE devuelva el dinero robado”, según recoge un comunicado. “Unas disculpas no tapan la realidad, que todo apunta a que Cerdán, Ábalos y Koldo utilizaron sus puestos en el PSOE para construir una trama de corrupción que podría implicar a gobiernos y otros responsables políticos. El daño a la democracia y a la mayoría es indecible”, ha apuntado a su vez Belarra.

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