Intimidación a la universidad

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido a las seis universidades públicas de la Comunidad en objetivo predilecto de su guerra ideológica contra todo lo que le parezca progresista o de izquierdas. A la asfixia económica que ha impuesto a los centros, que sus rectores llevan meses denunciando, pretende sumar ahora un severo régimen sancionador que lanza serias sombras sobre cómo concibe Ayuso las instituciones académicas, cuya generación de conocimiento resulta indisociable de la independencia y la libertad de pensamiento y crítica.

El borrador de la ley universitaria autonómica, adelantado por este diario, incluye una panoplia de infracciones tan amplia como de vaga formulación, con castigos hasta de un millón de euros. La desmesura evidente en las multas tiene como objetivo disuadir de protestas como escraches a conferenciantes o movilizaciones que afecten al desarrollo de las clases. Cualquier demócrata debe rechazar sin la menor excusa el acoso en la universidad, como el escrache que la propia Ayuso sufrió en la Complutense en enero de 2023. Pero el ámbito legal para su sanción no puede ser una ley de ordenación universitaria (para eso ya está el Código Penal), y la posibilidad de multar tales conductas con hasta 100.000 euros resulta a todas luces desproporcionado. Lo mismo que penar con 15.000 euros colgar una pancarta en el campus “sin la debida autorización”. No es un régimen disciplinario razonable para mantener las protestas en la universidad dentro de los límites del respeto, sino una intimidación para que esas protestas ni siquiera se produzcan, inspirada en lo que está ocurriendo en Estados Unidos.

Otro motivo de preocupación es la inseguridad jurídica a que pueden abocar planteamientos tan imprecisos como considerar falta muy grave (sancionable con hasta un millón de euros) “permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. La formulación es deliberadamente amplia, abre la puerta a la arbitrariedad en su aplicación y, en cualquier caso, son cosas que debe decidir un juez, no el Gobierno regional.

La publicación del borrador causó una evidente incomodidad en Ayuso y su Ejecutivo, que intentó deslegitimar la información. El texto es aún un borrador, por lo que si el Gobierno madrileño no se reconoce en la propuesta le van a sobrar ocasiones para corregir los evidentes excesos de la misma. Garantizar la libertad, la pluralidad y la convivencia en los campus, objetivo declarado de la presidenta, no es algo que se logre silenciando a los que no piensan como ella. El Ministerio de Universidades mostró este miércoles su preocupación por el contenido del borrador y la posibilidad de que invada competencias estatales. Pero esta nueva muestra de desconfianza del Gobierno de Madrid hacia las universidades públicas interpela sobre todo a sus rectores. Este miércoles prefirieron no hacer comentarios a la espera de recibir oficialmente el texto, una muestra probablemente excesiva de prudencia burocrática.

La estrategia de Ayuso de copiar las maneras trumpistas resulta perfectamente legítima si cree que esa es la mejor manera de acumular influencia y poder dentro de su partido, en pleno debate ideológico. Pero sin convertir a las instituciones de todos, y en este caso a la comunidad universitaria madrileña, en rehenes de su particular guerra cultural.